Actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país, según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, citados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Desde 2019 el gobierno llevó a cabo un censo de los restos humanos y cuerpos sin identificar en México, a partir del cual se registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.
No obstante, desde ese año distintas organizaciones e instituciones han registrado otras cifras, como el Laboratorio de Investigación Quinto Elemento, que reportó 39 mil cuerpos y el Censo Nacional de Procuración de Justicia del Inegi, que registró solamente nueve mil 400 personas.
Pero la cifra que retomó el gobierno fue la del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que –a partir de solicitudes de información y trabajo de campo– levantó un registro donde contó más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes.
“Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las Fiscalías o Secretarías de Salud o Tribunales, hasta municipios, por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, indicó.
Además, destacó que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.
“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.
Al exponer sobre lo que ha calificado como la “crisis forense”, Encinas destacó que el presupuesto asignado para la identificación de los cuerpos en 2022 – entre lo asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, como lo que se destina a los estados – suma más de 3 mil 400 millones de pesos, “una inversión única que busca enfrentar, frenar y revertir esta situación”.
Entre las acciones que se están llevando a cabo para combatir la “crisis forense” está la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, para desarrollar capacidades de identificación humana con muestras complejas.
“Es decir, queremos tener nuestro Innsbruk mexicano, es el primer convenio que firma la Universidad de Innsubruk con una institución de otro país (…) ya iniciarán en estos días los primeros trabajos de identificación”, anunció el funcionario.
Creación del Centro Nacional de Identificación de cuerpos
Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, señaló que con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación se trabaja en la iniciativa para la creación Centro Nacional de Identificación Humana.
Indicó que, si la iniciativa pasa en el Poder Legislativo, las comisiones podrán hacer búsqueda de identificación humana a través del centro con enfoque masivo y que se dedicaría exclusivamente a personas desaparecidas.
Otra de las acciones que se prevén para la atención de la crisis forense, dijo, están acciones como que la Conferencia Nacional de secretarios de seguridad pública comparta información de bases de datos y tener un repositorio de esto.
Además, el fortalecimiento de los servicios periciales, impulsar una norma oficial mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.
“La dinámica de desaparición no respeta fronteras, no importa que una fiscalía o un estado resuelva un problema porque la desaparición no respeta la frontera del estado. Tenemos que atender de manera global”, dijo.
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