Zacatecas, Zac. La sociedad de Zacatecas ha vivido este año una ola inédita de desapariciones. Hasta el pasado 12 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) había contabilizado mil 132 personas en la categoría de “desaparecidas o no localizadas”, contra 808 durante 2020.
Entre las víctimas de este delito hay 59 migrantes centroamericanos, señaló la institución, que por primera vez dio a conocer datos oficiales sobre ese delito de alto impacto. En la mayoría de los casos, las autoridades presumen que en este ilícito está involucrado el crimen organizado.
De 285 personas se tiene certeza de que fueron víctimas de “desaparición cometida por particulares”, es decir, existe evidencia o denuncia de que la delincuencia organizada los privó de la libertad. A 788 las clasifica como “no localizadas” porque sus familias ignoran cómo desaparecieron.
De las personas cuyo paradero se ignora, 803 son hombres y 329 mujeres; de los varones, 126 son menores de edad y 677, adultos. De las damas, 158 tienen menos de 18 años y 171 son mayores.
A unos días de que concluya el año, la fiscalía estatal señala que del total de personas desaparecidas durante 2021, a 456 se les ha localizado “con vida” y a 84 muertas. En tanto, 592 no han sido localizadas.
Pero las cifras aumentan día con día. Apenas el domingo la fiscalía confirmó que la madrugada del día anterior, en el municipio de Fresnillo, un comando secuestró a ocho personas.
Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJE, ofreció una entrevista a La Jornada, acompañado por Rodrigo Rosas Collado, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas, y Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (dependiente del gobierno que encabeza David Monreal Ávila).
Rosas Collado recordó que el Ministerio Público “es una institución de buena fe” y que la ley de desaparecidos tiene dos categorías: personas desaparecidas en hechos relacionados con delitos, y ciudadanos que simplemente “desaparecieron”.
En todos los casos denunciados ante la FGJE “se emiten las fichas de búsqueda, pero en muchas ocasiones los familiares no autorizan la difusión pública”, lo que complica a las autoridades la localización.
Además debe considerarse la cifra negra, el número de personas cuya ausencia los familiares no denuncian, por falta de confianza en las autoridades o por miedo a los criminales.
La FGJE ha identificado la privación ilegal de personas como medio de los grupos delictivos para reclutar por la fuerza nuevos integrantes, indicó el fiscal del estado:
“Tampoco estamos cerrados a esa hipótesis, porque sí tiene mucho sentido, porque es una manera de reclutamiento obligado de fuerzas, incluso por amenazas a las familias.”
En la fiscalía zacatecana, advierte Murillo Ruiseco, “nos guiamos por las denuncias, es decir, lo que los familiares nos dicen, y esa información a veces se puede corroborar. Desafortunadamente, en muchos casos la propia familia que sufre esa sustracción de sus parientes a veces no denuncia por miedo, amenaza y el riesgo para su familiar y ellos mismos”.
Lamentablemente, añadió el fiscal, en los meses recientes se han documentado casos de personas que además fueron privadas de la libertad con violencia e involucró a dos o más integrantes de una familia (generalmente hermanos o primos) en un mismo incidente.
“En ocasiones van los familiares juntos, acompañándose (viajando por ejemplo en un mismo vehículo), cuando los delincuentes los secuestran. No sabemos si es por uno o por otro o por circunstancias del momento”.
También se ha vuelto relativamente común el que, en algunas comunidades rurales, sobre todo de los municipios de Calera, Fresnillo, Valparaíso o Villa de Cos, los integrantes de la delincuencia irrumpan en los domicilios de sus víctimas, de noche o madrugada, para llevárselas frente a sus familias.
“Ha estado sucediendo el ingreso a domicilios, sobre todo lejos de las zonas urbanas, y creo que esto se contextualiza en esta disputa entre grupos delincuenciales, y evidentemente la población civil es afectada”.
Policías y funcionarios tampoco están a salvo
Aunque en años recientes se ha agravado la desaparición de personas en la entidad, el problema no sólo repercute en la sociedad civil; también ha alcanzado a policías e incluso a funcionarios del gobierno estatal.
La mañana del miércoles 25 de octubre de 2017, Rosalía Ramírez y Antonio Troncoso –responsables del área administrativa y de recursos materiales, respectivamente, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal– salieron de la zona conurbada de la capital de Zacatecas a los municipios de Luis Moya, Loreto y Pinos, en el sureste del estado, a realizar pagos en efectivo a las gasolineras que surten de combustible a las patrullas de la policía estatal preventiva en esa región. Nunca regresaron a trabajar ni a sus hogares.
En esa época, el fiscal Murillo Ruiseco explicó que la FGJE localizó en un cerro “objetos personales que nos dan la referencia de que pudieron haber sido privados de la vida por un grupo delincuencial. Desafortunadamente los huesos que se encontraron estaban carbonizados y fue imposible hacer la identificación genética”.
El pasado 22 de septiembre, seis indígenas wixárikas, entre ellos un menor de edad, quienes trabajaban de jornaleros agrícolas en el municipio de Calera de Víctor Rosales, salieron hacia su comunidad, Nueva Colonia, en Mezquitic, Jalisco, pero cerca del municipio de Monte Escobedo fueron interceptados por criminales. Dos días después dos de ellos fueron localizados colgados de un árbol, en las inmediaciones del panteón municipal de Monte Escobedo.
El 25 del mismo mes, otros dos fueron encontrados acribillados en la comunidad de Santa Rita, municipio de Valparaíso. Los otros dos wixárikas siguen sin ser localizados. Hasta hoy, aseguró el fiscal de Zacatecas, “seguimos trabajando de manera coordinada en la zona del último hallazgo para la localización de un adolescente y un adulto, con personal de fiscalías y grupos de búsqueda de Jalisco y Nayarit. Esperemos que no corran con la misma suerte, pero no lo podemos descartar. Además, es una de las regiones más peligrosas del estado”.
En Zacatecas hay varios municipios, particularmente en zonas serranas, donde ni siquiera con apoyo de las fuerzas armadas se puede garantizar al personal de las fiscalías y a los grupos de búsqueda realizar su tarea con seguridad, reconoció Murillo Ruiseco:
“En Valparaíso y Monte Escobedo sí se pueden realizar búsquedas, pero hay que organizar la fuerza de seguridad completa, que incluye obligatoriamente apoyo de personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Si no van ellos, no se realiza. En Villanueva, recientemente, cuando iban arribando los recibieron con disparos de arma de grueso calibre al aire y se canceló la búsqueda”.
Con información de La Jornada
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