En junio de 2018, fueron desbloqueados casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a otros grupos del narco. Cuentas de personas y empresas sobre las que existía la presunción de lavado de dinero.
Menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El 4 de junio de 2018, una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.
El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
Cientos de empresas y personas físicas sobre las que existía la presunción fundada de participar en operaciones de lavado de dinero recuperaron el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos.
Entre ellos, por ejemplo, el primer círculo familiar y de operadores de Joaquín El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de Juan José El Azul Esparragoza Moreno.
Esta es la historia.
A las 17:47 del 4 de junio de 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apretó unas teclas y envió el requerimiento 110/E/564/2018.
El propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López, el entonces titular de la UIF: eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas.
El requerimiento constaba de apenas cuatro cuartillas, al cual seguía un anexo de 89 páginas, mediante el cual se cumplía el acuerdo que ordenaba ejecutar una de las decisiones más controvertidas del sexenio de Enrique Peña Nieto por lo que implica y porque fue hecha en las sombras: el desbloqueo masivo y la consecuente liberación de miles de millones de pesos depositados en 722 cuentas a nombre de personas físicas y sociedades mercantiles de todo tipo.
Es complicado identificar cada uno de los casos, brincar de registro en registro, ubicar un nombre, el papel que desempeñaron en operaciones de lavado de dinero, confirmar, revisar archivos de autoridades de Estados Unidos, etcétera.
Hay de todo en el listado: cientos de empresas que han sido identificadas por haber participado en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Maestra”, compañías que han lavado dinero para el Cártel de Juárez e incluso han participado en la venta de jugadores profesionales del futbol mexicano a Europa; o firmas utilizadas por gobernadores del PRI para canalizar recursos federales a las campañas electorales de su partido.
Capítulo aparte merece el desbloqueo de cientos de empresas factureras. La hoy ministra Margarita Ríos Farjat informó en junio de 2019 que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había detectado que unas 8 mil empresas emitían facturas de manera irregular y habían evadido el pago de más de 350 mil millones de pesos en impuestos. Pues de esas compañías, de esas factureras, hay cientos de ejemplos en las empresas desbloqueadas.
Sin embargo, lo más llamativo del requerimiento es que, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, abrió las cuentas y las bóvedas bancarias del país para que familiares cercanos, prestanombres y operadores financieros de los más poderosos líderes de cárteles del narcotráfico, junto con las empresas ligadas a ellos, recuperaran el dinero congelado al que no tenían acceso.
No había manera de que Orlando Suárez López, entonces titular de la UIF, no se percatara de lo que estaba solicitando. Los apellidos de los más destacados jefes de las organizaciones criminales mexicanas, cuya violenta disputa por el mercado de las drogas ha causado más de 200 mil muertos y 60 mil desapariciones en una década y media, aparecían en el listado, al que Aristegui Noticias tuvo acceso y pudo revisar detalladamente.
Así que, sin mayor preámbulo, benefició de entrada las finanzas de un puñado de los más notorios jefes del Cártel de Sinaloa y del narcotráfico en México: Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero.
En unos cuantos segundos, los que tomó transmitir la orden vía electrónica, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de dólares que se mantenían en diversas instituciones financieras del país.
Juvenal Carbajal Díaz, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, escucha cuidadosamente la instrucción.
–Le ruego nos dé cuenta con el resto de los asuntos listados bajo mi ponencia, en forma sucesiva –lo instruye Eduardo Medina Mora Icaza, quien ocupa en ese momento la Presidencia de la Segunda Sala.
–Por supuesto, señor ministro presidente –responde Carbajal Díaz en forma ceremoniosa y procede a leer de corrido los 18 asuntos que se procederán a votar en paquete, entre los que hay controversias constitucionales, solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, recursos de reclamación, conflictos competenciales, contradicciones de tesis y amparos en revisión.
Una vez leídos en voz alta por el personal de la sala, Medina Mora retoma la voz y, dirigiéndose a sus colegas, pregunta: “Señora ministra, señores ministros, una vez identificados los asuntos y el sentido de las resoluciones, pregunto a ustedes de no tener alguna observación, ¿éstos se aprueban de manera económica?”.
La ministra y los ministros presentes –Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y el propio Medina Mora– levantan la mano y aprueban por unanimidad y sin palabra mediante el paquete de temas cuyo ponente es Medina Mora.
Es el 22 de marzo de 2018, alrededor del mediodía, y la sesión continúa sin mayores sobresaltos. De entre los 18 temas que se han aprobado a granel se encuentra uno que en el futuro cercano adquirirá relevancia: el amparo en revisión 1231/2017, cuyo proyecto había elaborado el equipo de Medina Mora.
Por su paso como titular de la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el ministro Medina Mora contaba con una idea muy clara del alcance del amparo que proponía otorgar a la empresa Distribución de Capital Administrativo S.A. de C.V.
Las cuentas de Distribución de Capital Administrativo S.A. de C.V. habían sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Firmado por Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de la UIF, el acuerdo ordenó incorporar a uno de los accionistas de dicha empresa a la lista de personas bloqueadas, “por lo que se ordenó que las entidades financieras procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, así como impedir la disposición de recursos que las cuentas contengan”.
La compañía afectada por el acuerdo emitido por Bazbaz solicitó un amparo, que en un principio le fue negado, por lo que reclamó una revisión. Medina Mora tomó el caso el último día de noviembre de 2017 y durante tres meses y medio se dedicó a estudiarlo para proponer a sus colegas de la Suprema Corte una resolución.
Le tomó más de medio centenar de hojas elaborar la propuesta que envió a la ministra y los otros tres ministros para que la leyeran y aprobaran en la sesión de ese 22 de marzo de 2018.
El proyecto de Medina Mora, luego de la usual argumentación jurídica, llegó a una conclusión sumaria: la Unidad de Inteligencia Financiera sólo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país.
Pero, y éste fue el punto clave del amparo, esa misma Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias “cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales” [en negritas en la sentencia original]. En ese caso, concluyó el estudio de Medina Mora, la medida no procedía porque era inconstitucional.
Es decir, si el Consejo de Seguridad de la ONU, el FBI, la DEA o algún juez de un país extranjero lo solicitan y, en razón de ello, la UIF bloquea las cuentas bancarias, el bloqueo es constitucional, pero si “se realiza por un motivo estrictamente nacional, para cuestiones estrictamente nacionales”, entonces no tiene validez y vulnera la Constitución mexicana.
La conclusión de Medina Mora, en síntesis, tal como se aprecia en la resolución que nadie discutió en la sesión correspondiente, es la siguiente:
“La atribución de la UIF para bloquear cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros únicamente puede emplearse como medida relativa al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.
Así que la última hoja del fallo dice con claridad: “Se debe conceder el amparo única y exclusivamente a la empresa quejosa”, por lo que deberá dejarse sin efectos el acuerdo emitido por el titular de la UIF.
Única y exclusivamente a la empresa quejosa, ya habría manera de darle la vuelta a esa disposición. La Segunda Sala de la Suprema Corte desempeñaría de nuevo un papel relevante en ello.
“El gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde jamás van a escuchar mi nombre”, dijo Joaquín El Chapo Guzmán momentos antes de que le dictaran sentencia en la Corte de Brooklyn, Nueva York, en junio del año pasado. Es altamente probable que sus palabras se cumplan al pie de la letra y que la frase que pronunció sea una de las últimas cosas que sepamos de él.
Y aunque él se consuma hasta morir dentro de la llamada “Alcatraz de las Rocosas”, prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado, el universo del narcotráfico no se detendrá, ni sus hijos Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán dejarán de seguir las huellas de su padre.
Cuando el juez Brian Cogan leyó el fallo contra el narco sinaloense, aparte de condenarlo a prisión perpetua, lo sentenció a pagar 12 mil 600 millones de dólares en reparación de daños.
Esa cifra es una estimación del valor global de las toneladas de droga que contrabandeó a Estados Unidos, pero es improbable que posea una fortuna cercana siquiera a esa cantidad.
Que la organización del Cártel de Sinaloa tiene vastos recursos es un hecho. Aun así, es seguro que no le haya venido mal que le descongelaran una parte de los recursos que mantenía en cuentas bancarias de sus operadores financieros y las empresas que éstos presuntamente empleaban para lavar dinero.
El acuerdo firmado por Orlando Suárez López el 4 de junio de 2018 incluye al menos a las siguientes personas y empresas:
Juan Manuel Álvarez Insunza
Procesadora Shrimp & Fish SA
Nueva Atunera Tritón SA
Operadora Eficaz Pegaso
Minerva Yadira Mendoza
Frida Cassab Dahab
Abud Nager Amike
José Mustri Tuachi
Jaime Antonio Mandujano Eudabe
Humberto René Mandujano Eudabe
Martha Karina Tirado Lizárraga
Luis Ignacio Muñoz Orozco
Armando Arturo Chávez Gamboa
Daisy Estrada Corrales
María Ferré SA de CV
No pasó demasiado tiempo después del primer traspié legal que cercenaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera –el amparo impulsado por Medina Mora– para que llegara uno más. El sexenio agonizaba y las decisiones de la Suprema Corte tendrían efectos a corto plazo, como ya se ha visto, y a mediano plazo, cuando el nuevo régimen tendría que lidiar con las consecuencias.
Si en el primer caso el proyecto de resolución del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora, en el quinto y definitivo también estuvo presente la huella del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el gobierno de Vicente Fox.
Aunque a la ministra Margarita Luna Ramos le tocó preparar el proyecto de amparo en revisión 124/2018 contra el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, la sentencia propuesta tres semanas antes por Medina Mora marcó la pauta.
Luego de algunas páginas de razonamientos jurídicos, la ministra echó mano de lo que ya había quedado acordado: “En sesión del 21 de febrero de 2018, esta Segunda Sala, al conocer del amparo en revisión 806/2017, bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, resolvió por unanimidad de cinco votos que el contenido de este precepto tiene aplicación únicamente en tratándose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales y no así, para el ámbito de autoridades locales, que no pueden solicitar un bloqueo de cuentas bancarias con base en estas normas”.
En seis líneas descalificó la posición de la UIF, instancia que argumentaba que “la cuenta fue bloqueada porque estaban llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional, ilícito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal”.
Eso no valió. Y aún más. El amparo concedido ese día fue el que dio la puntilla. En sólo dos meses los ministros de la sala encabezada por Eduardo Medina Mora concedieron cinco amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la UIF.
Y con ello se estableció una jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese año: todo juez que reciba una solicitud de amparo contra el congelamiento de las cuentas decretado por la UIF debe concederlo automáticamente. Eso sí: caso por caso y sólo para quien lo solicite.
Bastaron dos meses ‒del 21 de febrero al 18 de abril de 2018‒ para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por Medina Mora desmontara, según han denunciado los actuales encargados de la UIF, una herramienta necesaria para combatir al crimen organizado.
Nacido en Sinaloa, como sus socios y aliados El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada García, la figura de Juan José El Azul Esparragoza Moreno es parte de la historia del narcotráfico en México.
El Azul se formó al lado de Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca; con el paso de los años, se convirtió en uno de los líderes con más autoridad dentro de las estructuras criminales.
Decano de los traficantes mexicanos, se desconoce en realidad si aún vive. La versión nunca confirmada oficialmente de que habría muerto en junio de 2014 de un paro cardiaco es considerada por autoridades de Estados Unidos ‒que aún lo incluyen en su lista de “Los Más Buscados”‒ como una estrategia para restarle visibilidad y presiones de los aparatos policiacos de ambos lados de la frontera.
La organización de El Azul, a quien se le consideraba uno de los especialistas para blanquear los recursos procedentes del comercio de droga, también resultó beneficiada con la eliminación masiva de la Lista de Personas Bloqueadas.
En mayo de 2014, algunas de las personas más cercanas a él habían sido incorporadas por la UIF en la lista de personas bloqueadas ante la sospecha de que lavaban dinero procedente de las actividades de narcotráfico a través de empresas que operan fraccionamientos residenciales, inmobiliarias, parques industriales, plazas comerciales de lujo, criaderos de avestruces y cadenas de gasolineras, entre otras actividades.
El bloqueo no fue para siempre: duró cuatro años, hasta que el 4 de junio de 2018 Orlando Suárez López ordenó desbloquear las cuentas de las siguientes personas:
Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum (hija)
Nadia Patricia Esparragoza Gastélum (hija)
María Guadalupe Gastélum Payán (ex esposa)
Juvencio Ignacio González Parada (abogado y operador de varias de las empresas)
Jannete Iliana González Linares (abogada)
Urbanizadora Nueva Italia (una de las firmas inmobiliarias)
La firma del titular de la UIF es armónica. Comienza con una “S” amplia, estilizada; a su derecha aparece el trazo de una “L” mayúscula sobre cuyo brazo lateral alargado descansan unas letras muy pequeñitas que dicen “Orlando”.
Orlando Suárez López dejó impresa esa firma en la última página del acuerdo para eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a todas las personas incluidas en las hojas previas.
Cientos de nombres de personas y empresas, nacionales y extranjeras, danzan por el medio centenar de páginas que componen el catálogo de beneficiarios de la medida ordenada por Suárez López, quien no respondió a las varias peticiones de entrevista de Aristegui Noticias.
Metódico como buen economista graduado de la maestría del CIDE, Suárez López hizo bloques por año:
Año Cuentas desbloqueadas
2014 179
2015 181
2016 398
2017 226
Lo que tomó cuatro años en ser armado, él lo deshizo en un instante. Para respaldar la medida, expuso dos argumentos. El primero: que tenía conocimiento de que la PGR ya había asegurado esas cuentas como parte de sus investigaciones, por lo que mantener el bloqueo podría representar un obstáculo “para el seguimiento de las indagatorias del Ministerio Público” en contra de las “personas a las que se les congelaron las cuentas”.
El segundo alegato de Suárez López consistió en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, según la cual todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo financiero ordenado por la UIF.
Orlando Suárez asumió como suya la argumentación de la ministra y los ministros encabezados por Medina Mora e instruyó una eliminación masiva de cuentas sin que las personas bloqueadas lo hubiesen solicitado.
Dice el penúltimo párrafo del acuerdo elaborado por Suárez López: “Se instruye al Director General de Recursos Legales de esta Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas eliminadas de la Lista de Personas Bloqueadas que se refiere este acuerdo”.
Lo anterior, ordena, a efecto de que “las entidades financieras reanuden inmediatamente la realización de los actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios de que se trate”.
Luego de eso viene la firma, esa en la que aparece el nombre de “Orlando” en letras muy pequeñitas.
Se encendió así la luz verde para que 722 personas sospechosas de haber lavado dinero recuperaran esos recursos.
De las cuentas liberadas se retiraron irremediablemente mil 086 millones 951 mil pesos, además de 17 millones 663 mil dólares, según la denuncia presentada ante la FGR por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
A Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”, como le llaman, los 28 años de condena que purgó en prisión no le paralizaron del todo la vida.
Desde la cárcel se dedicó a construir, con la ayuda de abogados, sus cuatro hijos, su esposa y algunos operadores financieros, un auténtico complejo de unas 30 empresas con recursos producto del tráfico de droga y mediante el cual lavó decenas de millones de pesos.
Incursionó en diversas actividades económicas. El rango de los giros mercantiles de las compañías es extenso: desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, estaciones de gasolinas, empresas mineras, restaurantes, importadoras de todo tipo de artículos, venta de autos nuevos y usados, productoras de cerveza, restaurantes e incluso un spa.
El armado de su fortuna empresarial comenzó en 1999, cuando sus hijos constituyeron Villas del Colli S.A. de C.V., su primera inmobiliaria en Guadalajara; a ella le siguieron Organic Salt S.A., estaciones de gasolina como Petro Bio y Petro London; firmas agropecuarias como Reforestaciones Careles S.A. o el hotel spa Hacienda Las Limas S.A.
La incorporación de nuevas empresas en giros distintos continuó creciendo en la primera década de este siglo sin mayor contratiempo.
Caro Quintero llevaba ya 28 años en prisión. Había sido atrapado en 1985 en Costa Rica y condenado a 40 años de cárcel por narcotráfico y por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA que había descubierto la existencia de un gigantesco campo de cultivo de marihuana propiedad del sinaloense.
El 9 de agosto de 2013, la historia dio otra vuelta de tuerca en la vida del fundador del primer cártel de la droga en México, el de Guadalajara.
Al resolver un amparo presentado en 2011, un tribunal federal le regresó de manera inmediata su libertad. Argumentó que Caro Quintero había sido procesado por el asesinato de Camarena indebidamente en el fuero federal, en lugar de haber sido juzgado en el fuero común.
Esa madrugada, Caro Quintero, el ranchero que desde muy joven aprendió que traficar marihuana lo llevaría al cielo, salió de prisión y se sumió en la oscuridad del tiempo. Sabía que la condición de hombre libre le duraría muy poco.
Así fue. Una semana después de su liberación se expidió una orden de recaptura en México y se reactivaron las órdenes de aprehensión en Estados Unidos, en donde el FBI aún ofrece 20 millones de dólares por información que lleve a detenerlo.
Un poco antes de su liberación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incorporado a la familia Caro Quintero, a sus socios, operadores y a las empresas que ya habían creado, a la lista negra de quienes operan con dinero producto del narcotráfico y había decretado el congelamiento de los recursos económicos depositados en bancos de ese país.
Lo propio se hizo en México, aunque con un poco de tardanza. La UIF incorporó los datos de la familia Caro Quintero y sus empresas a la Lista de Personas Bloqueadas en julio de 2014.
Así permanecían, sin poder mover los recursos económicos depositados en las cuentas bloqueadas, hasta el 4 de junio de 2018, día en que Orlando Suárez López ordenó descongelar las cuentas de las siguientes personas:
Héctor Rafael Caro Elenes (hijo)
Henoch Emilio Caro Elenes (hijo)
Mario Yibrán Caro Elenes (hijo)
Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija)
María Elizabeth Elenes Lerma (ex esposa).
Ni la hija, ni los hijos, ni la ex esposa de Caro Quintero habían solicitado amparo alguno para descongelar sus cuentas.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya procesan la denuncia presentada en junio de 2019 en contra de Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López, ex titulares de la UIF, y de Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de esa unidad, en la que se les responsabiliza de haber tomado decisiones de “manera ilícita y en contravención de sus atribuciones” y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que “concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas” de la UIF.
En la denuncia se hace énfasis en que los ex funcionarios hicieron un “uso ilícito de sus atribuciones y facultades” para eliminar a personas y empresas sobre las que hay “indicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Se destaca además que el acuerdo firmado por Orlando Suárez López mediante el cual se eliminaron 722 personas de la lista de personas bloqueadas se hizo sin la “debida fundamentación y motivación legal”.
La denuncia presentada personalmente por Santiago Nieto insiste en que se causó un daño a la sociedad porque “eliminar el bloqueo favoreció a los presuntos responsables”, permitió ilícitamente que las personas eliminadas se reintegraran al sistema financiero y se “autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos” y sin “mayor sustento que la arbitrariedad”.
La Unidad de Investigación Financiera aprovechó la sentencia para refutar puntualmente los argumentos que Orlando Suárez López ofreció en respaldo de la eliminación masiva de personas bloqueadas.
Por una parte, sostiene, es totalmente “insuficiente” la justificación de que el desbloqueo masivo se hizo porque el anterior titular de la UIF “tuvo conocimiento” de que la PGR había decretado el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, pues nunca se tuvo certeza de que ello había ocurrido y sólo era una expresión de “manera genérica”.
De hecho, en los 722 casos mencionados ese aseguramiento nunca existió y las personas bloqueadas pudieron, de inmediato y con toda libertad, disponer de los recursos que mantenían en el sistema financiero mexicano.
También es falso, se expone en el documento, que mantener el bloqueo de las cuentas pudiera representar un obstáculo para el desarrollo de las investigaciones de la PGR. “Se trata de una medida provisional que pudo convivir con las indagatorias, sin dañarlas ni entorpecerlas de ninguna manera”.
Y ataca directamente el argumento de que la medida era “armónica” con la jurisprudencia adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La jurisprudencia citada por Suárez López, añade la denuncia, estipuló que el desbloqueo procedería “única y exclusivamente para las personas amparadas”, sin que constituyera “una declaración general”.
En cambio, Suárez López le “otorgó un efecto general” a la jurisprudencia, pasando por alto que “la jurisprudencia obligatoria –la cual debe ser invocada por la parte agraviada— sólo puede aplicarse al caso concreto y no puede aplicarse de manera general”.
Las declaraciones de Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre lo que él mismo calificó como eliminación masiva de personas de la Lista de Personas Bloqueadas podrían sonar a una manera de llamar la atención sobre un hecho relevante que él mismo ha denunciado.
No parece ser el caso. Las 71 páginas que componen el acuerdo no dejan lugar a dudas. A partir de la cuarta hoja se produce una avalancha de nombres de personas, números de oficio, razones sociales, apellidos que dicen mucho y “hablan” por sí solos, otros que no dicen casi nada, pero que son relevantes en la historia reciente de la violencia y la criminalidad en el país.
No sólo el Cártel de Sinaloa recibió los beneficios del desbloqueo. Otras organizaciones dedicadas al crimen organizado también lo hicieron, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos aliados, a quienes les descongelaron las cuentas de las siguientes personas físicas y empresas:
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo
Fernando Torres González
Hotelito Desconocido SA de CV (Servicios MM del Pacífico SA de CV)
HD Collection SA de CV
W&G Arquitectos SA de CV
Ahome Real State SA de CV
Intercorp Legoca SA de CV
La Firma Miranda SA de CV
Poco conocida en México, la organización identificada en Estados Unidos como Los Ruelas surgió como producto de la desintegración de la banda liderada por los hermanos Beltrán Leyva. Cuando varios de los líderes del grupo fueron asesinados o encarcelados, se produjo una atomización de las células que lo integraban. Varias de ellas adquirieron un perfil propio y expandieron sus actividades ilícitas.
Ese es el caso de la organización encabezada por integrantes de la familia Ruelas, de origen sinaloense. En un principio la encabezaba José Luis Ruelas Torres, quien falleció en 2017, tras lo cual su hijo Joel Efrén tomó el mando, de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Considerada como una organización independiente dedicada al contrabando y distribución de heroína, las autoridades estadounidenses incluyeron a miembros de la familia cercana y extendida de los Ruelas, así como ocho empresas de las que son propietarios, en la lista del Departamento del Tesoro que ordena congelar todos los activos que posean en Estados Unidos y cancelar todo trato comercial o financiero con ellas.
Pues ese grupo familiar y empresarial resultó también beneficiado por el acuerdo de la UIF que los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas el 4 de junio de 2018. A las siguientes personas y compañías les liberaron sus cuentas:
José Luis Ruelas Torres
Joel Efrén Ruelas Ávila
Jesús Ángel Ruelas Ávila
Sigi Alfredo Mondaca Ávila
Trinidad Ruelas Ávila
Luis Ernesto Félix
Raquel Rivera Guerrero
Reyna Isabel Rivera Sandoval
Cruz Sánchez Medrano
Pedro Sánchez Medrano
María Monserrat Ruelas Ávila
Raúl Rivera Sandoval
Constructora Vania SA de CV
Constructora Joel SA de CV
Alondra Produce SPR de RL
Agrícola Ruelas SPR de RL
Dispersora Gael SA de CV
Comercializadora Gael 4 SA de CV
Felixtapia SC de RL de CV
Karina Costa Ruelas
Los documentos muestran que las carreras políticas y judiciales de algunos de los principales protagonistas del desbloqueo masivo de cuentas se alinean y se cruzan en diversos momentos.
Esos hechos ocurren en al menos ocho casos:
En 2007, cuando Eduardo Medina Mora era titular de la Procuraduría General de la República, uno de sus principales asesores era Alberto Bazbaz Sacal.
Un año después, Bazbaz Sacal fue nombrado por Enrique Peña Nieto procurador general de justicia del Estado de México, cargo en el que fungió hasta abril de 2010, cuando fue obligado a renunciar después de que Bazbaz “resolvió” el caso de la niña Paulette, encontrada muerta “entre el colchón y los pies de la cama” de su habitación, luego de estar desaparecida 10 días.
Pasaron un par de años. Peña Nieto llegó a Los Pinos en diciembre de 2012 y un mes después, en enero de 2013, hizo dos nombramientos estratégicos: envió a Medina Mora a la embajada de México en Estados Unidos y designó a Bazbaz Sacal como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Marzo de 2015 llegó y, a propuesta de Enrique Peña Nieto, Medina Mora fue designado por el Senado como ministro de la Suprema Corte. Bazbaz Sacal se mantenía al frente de la UIF.
En enero de 2018, hubo nuevos movimientos: Medina Mora estaba por conceder los amparos contra la UIF, en tanto que Bazbaz Sacal fue nombrado director del Cisen, el mismo cargo que Medina Mora había ocupado entre 2000 y 2005 durante el gobierno de Vicente Fox.
Durante los últimos 11 meses del sexenio de Peña Nieto, Bazbaz Sacal se ubicó al frente del Cisen, el mayor centro de espionaje político del régimen.
Suárez López se ligó profesionalmente a la UIF y a Alberto Bazbaz unos años antes, con quien colaboró en varios cargos hasta ser nombrado titular de la Dirección General Adjunta de Análisis Estratégico de la propia UIF.
A la salida de su jefe para ocupar la dirección general del Cisen, Orlando llegó a la titularidad de la UIF.
A mediados de agosto del año pasado, Santiago Nieto hizo mención del tema del desbloqueo de las cuentas bancarias en entrevista con Aristegui Noticias.
Y lo vinculó con un presunto “esquema de extorsión” articulado desde Los Pinos por Humberto Castillejos, entonces titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto.
Santiago Nieto comentó que al asumir la titularidad de la UIF recibió tres reportes de informantes que lo alertaron de lo que ocurría. Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cabo de grandes sumas de dinero.
“Venían los despachos de Los Pinos… contactaban a la gente que estaba bloqueada (…). A partir de ahí, se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, explicó el funcionario.
El reportero Marcos Martínez le preguntó si creía que el ex presidente Peña Nieto había tenido conocimiento del desbloqueo y del presunto esquema de extorsión.
“Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción. Éste era un acto (de corrupción), a lo mejor chico si lo comparamos con la Estafa Maestra, con Odebrecht, con el Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense”, respondió el hoy titular de la UIF.
Pero, “no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado”, concluyó el titular de la UIF.
Lo mismo piensan algunos abogados que litigan normalmente contra la UIF por el bloqueo de cuentas y conocen en detalle el proceso. “Esto ‒comentaron a Aristegui Noticias cuando vieron el acuerdo‒ lo tuvo que aprobar personalmente el secretario de Hacienda o el ex presidente Peña Nieto. Nadie lo haría sin su autorización”.
Reportaje especial, con información de Aristegui Noticias
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