Militares encubrían al narco

La continuidad en la estrategia gubernamental de emplear a las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia organizada, sigue cobrando factura al Gobierno Federal y, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han presentado al menos dos casos graves de protección por parte de algunos mandos militares a cárteles de la droga.

Los escándalos del medio castrense en los sexenios más recientes, van desde el famoso caso de corrupción del 65/o. Batallón de Infantería de Guamúchil, que en la administración de Vicente Fox cuidaba los sembradíos de marihuana del Cártel de Sinaloa, hasta los grupos militares que en el mandato de Felipe Calderón transportaban droga hacia Tijuana en camiones del Ejército para la misma organización criminal. O el robo de armas del Campo Militar Número Uno para venderlas al Cártel Beltrán Leyva; o la protección de soldados a Los Zetas, en Tamaulipas.

En todos los casos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tuvo que poner mano dura para cortar los nexos entre algunos de sus soldados de diferentes rangos con la mafia y meterlos a la cárcel. La mayoría de ellos siguen procesados. Unos en el fuero militar, otros en Juzgados de Distrito en materia de procesos penales federales. Durante la presente administración federal se repite la historia, solo que esta vez, la corrupción de los narcotraficantes logró penetrar a la Marina, dependencia que, fuera de los escándalos por algunos excesos en sus operativos, se había mantenido al margen de la complicidad con los delincuentes más buscados del país. En el primer año de ejercicio gubernamental de Peña Nieto, se descubrió que un grupo de soldados del Ejército Mexicano encubría y colaboraba para el Cártel del Golfo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Los militares recuperaban droga por encargo de sicarios, la devolvían a sus dueños y, en otros casos, la revendían para su comercialización en la frontera. Incluso se documentó que durante sus operativos dejaron en libertad a un presunto narcotraficante del mencionado clan delictivo. Y el caso más impactante, por el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Federal por combatir el flagelo del narcotráfico y devolver la paz al Estado de Michoacán, es el de los elementos de la Marina que brindaban protección y ayuda a la organización criminal de Los Caballeros Templarios, encabezada por Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe”.

En ambos asuntos hay mandos castrenses que encuentran en prisión, ya no por delincuencia organizada como en la administración pasada, sino por el delito de traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, que en el fuero militar, se sanciona con penas desde 15 hasta 60 años de prisión. Además, se les enjuicia por delitos contra la salud en la modalidad de “colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud agravado”, con sanción penal desde 10 hasta 25 años de cárcel. El poder corruptor de “La Tuta”

El regreso del Cártel del Golfo

Después de una encarnizada guerra con Los Zetas y ser desplazados de la región que conforman los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, los miembros del Cártel del Golfo han recuperado espacios y territorios, contando para ello con la complicidad de algunos mandos policiales y hasta militares.

Así queda de manifiesto después de la detención de un grupo de soldados que conformaban una de las llamadas Base de Operación Mixta (BOM) en Reynosa, coordinando acciones con otras corporaciones. A pesar de ello, brindaban protección a narcotraficantes.

El 19 de marzo de 2013, un comunicado de la BOM informó a la sociedad de la detención de siete presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho kilos de marihuana, una granada de humo, tres vehículos -entre éstos una Jeep Cherokee blanca-, armas de fuego y municiones de diferentes calibres, así como equipo táctico. En la acción, registrada dos días antes de la fecha señalada, participaron las fuerzas de Seguridad Pública Estatal, Policía Federal, SEDENA, SEMAR, así como agentes del Ministerio Público del Fuero Común y Federal.

Lo que nunca expresó el boletín es que minutos antes de esa detención, ocurrida a las 14:10 horas en la calle Celeste 382, de la colonia Arco Iris, el Teniente de Caballería César Guzmán Flores, quien iba al mando del personal del 10/o. Regimiento de Caballería Motorizado de Reynosa, dejó escapar a una octava persona, al parecer líder de la célula delictiva capturada.

Este hecho trascendió hasta que habitantes de la ciudad fronteriza enviaron una carta anónima a la SEDENA, denunciando reuniones entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y militares (algunos identificados por nombres o apodos) para traficar con armas y drogas. “Esperamos que investiguen a estos soldados que con sus actos desprestigian a los que sí protegen a la ciudadanía de la delincuencia organizada”, señalaba el mensaje.

El mismo 19 de marzo del año pasado se conoció de una “buena acción” por parte de los soldados del BOM, “Tango G”, liderados por el Teniente de Caballería César Guzmán Flores. En una zona despoblada localizaron dentro de una fosa 145 paquetes rectangulares que en su interior contenían 146 kilogramos de cocaína, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Reynosa. No hubo detenidos.

El hecho no trascendió mediáticamente, como tampoco se conoció de la sustracción de paquetes de droga que habrían realizado los militares antes de hacer la entrega a las autoridades competentes. Fue hasta que los mandos de la Octava Zona Militar investigaron el reparto de dinero que Guzmán Flores hizo entre la tropa a cambio de guardar silencio. En los dormitorios del regimiento se aseguraron mil 325 dólares americanos y 32 mil 500 pesos. <p align=”left”>Aproximadamente 28 elementos castrenses que participaban en acciones de seguridad bajo el mando de César Guzmán fueron investigados. La gravedad del caso los hizo confesar que la noche del 18 de marzo, para amanecer el 19, salieron de patrullaje a bordo de tres camionetas Chevrolet Cheyenne y un vehículo Sand Cat. El Teniente de Caballería ordenó al personal dirigirse por una brecha hasta una finca abandonada.

En el sitio, el mando militar integró equipos para que realizaran un reconocimiento de los terrenos donde supuestamente se había reportado la presencia de personas sospechosas. Luego de varias horas de búsqueda, uno de los equipos de soldados encontró una fosa donde había ocho maletas de color negro que contenían paquetes con polvo blanco. Algunos de los indiciados aseguraron que el Teniente Guzmán, en contubernio con un capitán segundo de Caballería, separaron dos de las maletas con droga para llevarlas hasta una de las unidades militares.

Después sus jefes hicieron algunas llamadas telefónicas y, tras otro lapso de tiempo, en el lugar aparecieron dos taxis, entregándole su superior una maleta a cada uno de los conductores. Diversos soldados coincidieron en sus declaraciones al señalar que Guzmán Flores les comentó que la delincuencia organizada le había prometido una recompensa sí encontraban una droga que tenían extraviada. “Hay algo de feria para mandar a cambiar, para alivianarlos y darles un enganche”, les dijo el Teniente de Caballería en alusión a una cantidad de dólares que le habían entregado los taxistas.

Los declarantes, ahora procesados en la causa penal 57/2013 del Juzgado Primero Militar de la Primera Región Militar, recibieron 5 mil pesos cada uno. A otro le entregaron 15 mil pesos. Con relación a los hechos del 17 de marzo, los soldados que formaban parte del operativo en el que se detuvo a siete presuntos delincuentes, confesaron que ese día formaban parte del convoy de coordinación policial, pero que se salieron de la ruta para perseguir al ocupante de una camioneta Jeep Cherokee blanca, la cual interceptaron más adelante para realizarle una revisión de rutina a su conductor.

Los militares se dedicaron a dar cobertura de seguridad en la zona, mientras el Teniente de Caballería César Guzmán Flores dirigía la revisión al sujeto, al cual le aseguraron un arma de fuego cromada en cuyas cachas tenía las leyendas “Cártel del Golfo” y “Flaco”. De repente, coinciden, escucharon que su jefe gritaba “vete a la verga” y vieron que el sospechoso se echó a correr, sin que Guzmán hiciera nada, ni les ordenara detenerlo.

Enseguida se realizó la acción de captura de los presuntos narcotraficantes que estaban en una casa cerca de la zona, y al operativo se incorporó el resto de las corporaciones que conformaban la base de operaciones móvil “Tango Urbano G”.

Los mandos castrenses determinaron enjuiciar a los militares implicados en la fuga de un presunto miembro del Cártel del Golfo, en el robo y tráfico de droga, por lo que fueron consignados por los delitos de traición a la patria y contra la salud en la modalidad de colaboración de cualquier manera para posibilitar el tráfico de narcóticos.

Algunos de los soldados alcanzados por las investigaciones son: Emmanuel Mayorga Cabrera, Rubén Sandoval, Milton González, Iván Sotelo, Jonás Torres y Ángel López, entre otros. En su mayoría, los procesados fueron trasladados de la prisión militar de la Ciudad de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 5, en Villa Aldama, Veracruz.

Una ficha informativa de la Octava Zona Militar expuso al Ministerio Público Militar que “en el Estado de Tamaulipas tienen presencia las organizaciones delictivas denominadas ‘Cártel del Golfo’ y ‘Los Zetas’, quienes se disputan el control de las ciudades y municipios más importantes del estado para la venta y tráfico de armas y drogas, ver anexo a área de influencia de organizaciones delictivas, siendo las siguientes actividades que llevan a cabo los integrantes de la delincuencia organizada como sigue:

a. trasiego de drogas;

b. tráfico de armamento;

c. secuestros;

d. extorsiones;

e. venta de piratería;

f. robo de vehículos;

g. robos y asaltos en carreteras;

h. retenes clandestinos;

i. trata de blancas;

j. taxis piratas;

k. liberación de reos;

l. casas de seguridad;

m. actividades de halconeo;

n. colocación de antenas clandestinas;

o. robo de combustible, entre otros…”.

Tanto la SEDENA como la Secretaría de Marina Armada de México continúan realizando sus tareas para garantizar la seguridad interior, sin embargo, han tenido que combatir al enemigo que se ha llegado a infiltrar dentro de las propias fuerzas armadas. La camioneta de mi General Un General de Brigada, de Estado Mayor, Diplomado de Estado Mayor y Comandante de Zona Militar, no escapó de ser procesado penalmente por utilizar una camioneta de su propiedad, similar a las que tiene el Ejército Mexicano, la cual mandó pintar por su propia cuenta como si fuese vehículo oficial.

Se trata del General Marco Antonio Barrón Ávila, quien a principios de 2014 se desempeñaba como Comandante de la Vigésima Zona Militar, en el Estado de Colima, pero que al serle dictado un auto de formal prisión el 24 de marzo, tuvo que ser relevado en el cargo. De acuerdo a las actuaciones de la causa penal 61/2014, instruida en el Juzgado Tercero Militar, adscrito a la Primera Región Militar, Barrón Ávila fue enjuiciado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de “uso de vehículo con colores con apariencia tal, que se asemeje a los vehículos autorizados por las fuerzas armadas”.

La historia se conoció el 29 de enero, cuando un ciudadano de Puebla se presentó a la Fiscalía Militar para denunciar al General, ya que cuando el funcionario se desempeñaba como Comandante de la Vigesimoquinta Zona Militar en aquella localidad, no le pagó por sus servicios prestados para pintar una camioneta Chevrolet Cheyenne con los colores oficiales del Ejército Mexicano.

El pintor automotriz declaró que el mando castrense se presentó a su taller para pedirle que pintara el vehículo de su propiedad con el “patrón pixelado oficial” que utiliza la Secretaría de la Defensa Nacional y unas siglas en color arena. El denunciante agregó que al concluir el trabajo, el General envió a un capitán y a un teniente a recoger la unidad ya pintada, pero no le cubrió el pago de su trabajo.

El afectado intentó en vano cobrar por la prestación de su servicio, por lo que decidió presentar su querella formal ante las autoridades militares, las cuales por su parte, estimaron que la conducta asumida por el militar no fue la correcta e incurrió en el delito antes descrito. En julio, Marco Antonio Barrón Ávila obtuvo una sentencia de amparo que deja sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra, y ordena al juez militar valorar debidamente las pruebas, además de volver a resolver con libertad de jurisdicción. Enjuician a soldados por ejecución sumaria.

A casi tres meses de que se registró la muerte de 22 presuntos delincuentes, en lo que se presume fue una ejecución sumaria por parte de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, ocho soldados ya son procesados por la comisión de delitos del fuero de guerra, y tres de ellos serán sometidos a la justicia del fuero civil por los asesinatos.

Mientras esto sucede en los tribunales militares, en la Procuraduría General de la República se integra una averiguación previa para solicitar órdenes de aprehensión en contra de los implicados, y en redes sociales surgió un movimiento para apoyarles a través de firmas y manifestaciones. Apenas se conoció que el Juzgado Sexto Militar de la Primera Región Militar dictó auto de formal prisión en contra de un teniente y siete elementos de tropa por la matanza de los supuestos criminales, hechos ocurridos el 30 de junio último, familiares y amigos de los soldados lanzaron el hashtag #YoSoy26.

Los simpatizantes de los militares procesados exigen la liberación de estos, al considerar que con las acciones gubernamentales en su contra, se está afectando a sus familias y la imagen misma de las Fuerzas Armadas del país, siendo que “esas personas (los fallecidos) eran delincuentes”. Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Procuraduría de Justicia Militar y la PGR han establecido que los soldados enjuiciados participaron en el operativo que terminó en una balacera, en la cual uno de los presuntos criminales murió. Los otros 22 fueron capturados vivos y después, aparentemente fusilados por tres de los militares. Por lo anterior, los ocho implicados enfrentan en el fuero militar una causa penal por su probable responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, así como desobediencia e infracción de deberes comunes a los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Solo tres son indiciados ante el Ministerio Público Federal para que ejercite acción penal en su contra por homicidio calificado. El movimiento a favor de los ahora detenidos en la Prisión de la Primera Región Militar, quienes causaron baja en los regimientos a los que pertenecían para causar alta en el grupo de los efectivos procesados y sentenciados, anunció una marcha del Zócalo de la Ciudad de México a la Residencia Oficial de Los Pinos, la cual se realizará el sábado 11 de octubre.

La convocatoria se efectúa a través de las redes sociales Facebook y Twitter, solicitando la solidaridad de los mexicanos para que apoyen a sus soldados y se les libere de cualquier responsabilidad por los sucesos de Tlatlaya. Organizaciones de derechos humanos han calificado el movimiento a favor de los militares como aberrante, que atenta en contra de la sociedad, pues este tipo de abusos, en caso de comprobarse penalmente, no pueden ser soslayados ni tolerados por ninguna persona.

(Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)