Ciudad de México, 9 de septiembre de 2021.- Derivado de una investigación realizada por México Código Rojo mediante Plataforma México y las unidades de transparencia nivel nacional se pudo constatar que Martín Rodríguez Barbosa desde el año 2015 pertenecía a la Fuerza Estatal de San Luis Potosí.
Rodríguez Barbosa fue dado de alta en el año 2015 percibiendo un sueldo de $9,534.60 y estaba incrustado en la Dirección de Seguridad Pública Estatal en el municipio de Soledad Graciano Sánchez, donde además es sindicalizado del ayuntamiento.
Por documentales de transparencia se pudo obtener que en el alta solamente existen sus generales, pero no se encuentra información sobre su domicilio y particulares, asimismo la misma información brindada en su declaración patrimonial y de bienes.
Lo que revelan además las documentales, es que no cuenta con actividades laborales, entrega de informes y demás, lo que se traduce a que presuntamente recibía dinero, sin trabajar.
El ayuntamiento de Soledad Graciano Sánchez está gobernado por la alianza PVEM luego de que ganó las elecciones este pasado 6 de junio, Gilberto Hernández Villafuerte se encuentra bajo licencia, sin embargo al ganar como diputado federal no regresará al cargo.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos, para lograr la captura de Martín Rodríguez Barbosa, quien se identifica como uno de los principales generadores de la violencia en Nuevo Laredo y el estado de Texas, en Estados Unidos, donde también era requerido por las autoridades.
Terroristas cobran con MORENA y sus aliados.
En el contexto de las investigaciones sobre generales de terroristas abatidos y detenidos por las fuerzas del orden en Tamaulipas, se han relacionado más de 4 presuntos que cobran beneficios en el gobierno de López Obrador.
Evaristo Cruz Sánchez, alias el ‘Vaquero’, jefe del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, cobraba dentro de la administración municipal de Mario López de MORENA, sin embargo se manipuló el padrón de transparencia para evitar la crítica y la relación, culpando a los gobiernos anteriores.
Sin embargo, otros operadores más recientemente detenidos y abatidos son proveedores de varios ayuntamientos, reciben becas del bienestar o son beneficiarios de programas de apoyo al campo o créditos de AgroAsemex.
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