A pesar de que la reforma anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar a la Guardia Nacional (GN) a la SEDENA aun no se discute ni aprueba, documentos oficiales obtenidos confirman el dominio militar que, en los hechos, ya existe sobre esta corporación policial.
La información muestra además que la GN ya alcanza un estado de fuerza superior a los 102 mil elementos, lo que la convierte en la corporación de seguridad pública más grande de todo el país superando a la policía de la Ciudad de México. Más del 75 por ciento de sus elementos son militares en activo de las fuerzas armadas.
De acuerdo con un plan de siete pasos diseñado por la propia SEDENA, se prevé que sea en septiembre cuando se presente al Congreso la iniciativa de reforma que oficializará el traslado de la GN como una nueva fuerza amada al Congreso, con el objetivo de que en 2022 se consume la militarización de la corporación.
Infraestructura castrense… y opaca
En los dos años que acumula la Guardia Nacional desde su despliegue los gobiernos de diversos estados y municipios del país han cedido en comodato o de manera definitiva terrenos y predios al gobierno federal para que se utilicen en la construcción de sus cuarteles. En varios de esos casos se han realizado incluso eventos públicos donde las autoridades entregan a representantes de la GN dichas instalaciones.
Lo que los informes obtenidos por este medio prueban, sin embargo, es que toda esa infraestructura no fue asignada a la GN ni a la Secretaría de Seguridad sino a la Defensa Nacional. Esto a través de convenios o contratos que la SEDENA ha intentado ocultar clasificándolos como reservados.
Para probar lo anterior se solicitó al área de transparencia de la Guardia Nacional copias de los convenios firmados para la construcción de sus cuarteles en tres predios: uno donado el 29 de enero de 2020 por el gobierno municipal de Ciudad Juárez. Chihuahua; otro cedido por el municipio de Guadalupe, Nuevo León el 5 de marzo de 2021; y uno mas otorgado el 13 de junio en Ixtapaluca, estado de México.
En todos los casos, la respuesta de la GN fue que dicha información era “inexistente” debido a que “La Secretaría de la Defensa Nacional es la dependencia que está construyendo los cuarteles de la Guardia Nacional.
Se solicitó entonces a la SEDENA la información relacionada con todos estos convenios pero la respuesta, en todos los casos, fue que no se podía entregar debido a que el vomité de Transparencia de la propia dependencia castrense la clasificó como reservada por un periodo de al menos cinco años aludiendo riesgos a la seguridad.
El documento de la clasificación sobe estas bases de una policía civil, fue firmado por un milita en activo: el General de División y presidente del Comité de Transparencia de la SEDENA, David Córdova Campos.
Mediante transparencia, medios solicitaron entonces el mismo documento, pero directamente a los gobiernos locales que cedieron dichos terrenos y predios para la construcción de las bases. Como respuesta, el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua sí otorgó copia del certificado de donación del terreno de 34 mil 700 metros cuadrados, valuado en 20 millones 820 mil pesos.
En dicho documento se establece que el terreno, que se utilizará para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, es enajenado de manera gratuita a título de donación en favor del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El municipio de Guadalupe, Nuevo León, respondió a la solicitud que no podía entregar el contrato de concesión debido a que “aun se estaba elaborando”. No obstante, confirmó que el terreno de 9 mil 748 metros cuadrados y valuado en 10 millones 619 mil pesos, fue cedido “por tiempo determinado en favor de la SEDENA para la construcción del destacamento que alberga la Guardia Nacional”.
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