Habitantes del municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, denunciaron este miércoles el abandono del gobierno mexicano ante la violencia del narcotráfico y grupos criminales.
Esto debido a que durante los 17 días en que se han intensificado las agresiones contra civiles en más de 11 municipios de la zona fronteriza México–Guatemala, producto de la guerra entre cárteles, las autoridades no atendieron el grito de auxilio de la población.
“Tenemos muchas preguntas porque nos dejaron más de cuatro días sin electricidad, no es posible que podamos vivir así, cuando se les da su gana cierran las carreteras, no podemos movernos”, expresó a EFE Maricruz Robles, una de las miles de habitantes afectadas por esta irrupción criminal en Frontera Comalapa.
“Queremos hablar con el presidente (Andrés Manuel López Obrador), queremos una solución en serio, que ponga un alto a esos malandros porque no podemos vivir así”, añadió.
Desde hace casi tres semanas, cuando comenzó la violencia, los habitantes de los municipios fronterizos de Chiapas han enviado mensajes a través de redes sociales, denunciando que los bloqueos son provocados por presuntos integrantes de grupos criminales, quienes son los que mantienen sitiados e inmovilizados.
Las calles de Frontera Comalapa aún lucen vacías, el ambiente es tenso, se observan vehículos particulares patrullando la zona con hombres encapuchados y son pocos los pobladores que se animan a denunciar, como es el caso de Lili Roblero quien acusó que el pasado 22 de septiembre su hijo y su cuñado fueron asesinados junto a dos personas más.
“Quiero justicia, quiero recuperar a mi hijo y a mi cuñado, es lo último que quiero ya, si el gobierno no nos escucha que por lo menos que ayude a traerlos y nada más”, dijo la mujer a EFE envuelta en llanto.
En el mismo sentido, se expresó Rusbeli Urbina, habitante del municipio, quien temeroso y tímido pidió ayuda ante el escenario que han provocado los grupos criminales.
“Lo único que les pido a ustedes (medios) es que nos ayuden, ya no aguantamos más, imagínese, no podemos hablar acá, no podemos gritar acá, no podemos apoyar, no podemos decir, opinar, no se puede, sólo les pido ayuda, si vienen ayudar, ayúdenos”, dijo.
A pesar del despliegue de militares, más de 800 agentes permanecen en los municipios de Comitán, Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec y otros puntos aledaños, los pobladores sufren esta problemática social que no les permite hacer una vida normal.
Este miércoles, el XV regimiento de caballería motorizado arribó al municipio de Frontera Comalapa para sumarse a los 800 agentes de las fuerzas de seguridad federales y estatales que el lunes ingresaron a la zona para retirar los bloqueos carreteros colocados por presuntos sicarios de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa y para restablecer el orden en la zona.
“Se mantienen en esta área de Frontera Comalapa, Siltepec y Motozintla, un total de 80 agentes, que se suman a los 800, además de siete vehículos”, dijo a medios el militar Félix Moreno Ibarra.
En entrevista, luego de realizar un recorrido por las calles del municipio, el militar señaló que “ya quedó restablecido en su totalidad el servicio de energía eléctrica y con ello se asegura la actividad económica y la continuidad de la vida social de esta parte de Chiapas”.
Añadió que los militares efectuarán “patrullajes y reconocimiento del área urbana y rural del municipio para preservar la seguridad” en la zona.
El militar llamó a la ciudadanía, sobre todo en esta parte del estado, a mantenerse al margen de las actividades de la delincuencia organizada e indicó que están trabajando en conjunto con los agentes de Guatemala y sobre todo con el Ejército “por si estos grupos cruzan la frontera sur”.
El martes, unos 10 mil habitantes del municipio mexicano de Siltepec, localizado en la Sierra Madre del estado de Chiapas, se manifestaron contra la violencia e inseguridad generada por grupos delincuenciales y denunciaron el abandono de las autoridades estatales y federales.
Desde hace más de dos años, miles de personas han abandonado sus casas y tierras por el aumento de la violencia y la inseguridad en el estado de Chiapas.
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